40 años
de democracia

Recuperación de la democracia

El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín atravesó la multitud de miles de argentinos que se congregaron para celebrar la vuelta de la democracia.

Luego de 7 años de la dictadura cívico-militar, el 30 de octubre de 1983 los argentinos concurrieron a las urnas eligiendo a Raúl Ricardo Alfonsín como nuevo presidente de la democracia. Si bien la Junta Militar en retirada había elegido entregar el mando en mayo de 1984, la Asamblea Permanente por los Derechos Humano (APDH) en conjunto con el presidente electo lograron adelantar la asunción para el 10 de diciembre, día en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Hoy, a partir de ese hito hoy ya histórico, podemos celebrar en nuestro país 40 años ininterrumpidos de democracia, en ese sentido recordamos las palabras que pronunciara el presidente Alfonsín en su discurso ante la Asamblea Legislativa “El ejercicio de la libertad será también didáctico, otorgando razones para que los argentinos se sientan copartícipes, responsables de la vida de su país y puedan, así, imaginar nuevas soluciones, nuevos caminos, corrigiendo, proponiendo o estimulándolos”.

Juicio a las juntas

A tan sólo tres años de asumir, Alfonsín promulgó un decreto en el que ordenaba realizar un juicio sumario a los nueve comandantes de las Fuerzas Armadas, entre ellos a Videla, Massera y Galtieri modificando la ley militar que permitía el juzgamiento por la justicia civil como última instancia. Fue la conformación el 15 de diciembre, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) la que allanó el camino para el Juicio a las Juntas Militares cuyo informe realizado por un equipo interdisciplinario integrado entre otros por: Ernesto Sábato, Ricardo Colombres, Hilario Fernández Long, René Favaloro, Magdalena Ruiz Guiñazú, Marshall Meyer, Graciela Fernández Meijide y como secretario a Daniel Salvador. Se constituyó en uno de los principales hitos que permitió no sólo la recuperación de la democracia sino también su sostenimiento hasta el día de hoy.

El Juicio iniciado el 22 de abril de 1984, se llevó a cabo en la Sala II de la Cámara Federal, lo que significó más de 530 horas de audiencia con la presencia de más de 830 testigos. Esta decisión de llevar a juicio a los militares, aún con poder e influencia sobre la sociedad, contaba como único antecedente comparable: los juicios de Nüremberg; sin embargo, para León Aslanián (uno de los jueces del tribunal) esta comparación no tenía asidero, ya que “los de Nuremberg fueron juicios hechos por vencedores a los vencidos, sin respetar ningún principio ni garantías, sin un debido proceso. Lo de Nüremberg fue ipso facto”, en cambio el juicio a las juntas se llevó a cabo con base al Código Penal respetando las formas procesales del código de la Justicia Militar.

Alfonsín y sus colaboradores proyectaban un proceso de justicia capaz de ofrecer un castigo ejemplar, una sentencia que recompusiera la relación de la sociedad con la ley, previniera la repetición de los crímenes de lesa humanidad y contribuyera a la consolidación democrática.

La fiscalía, representada por el fiscal Julio César Strassera y el adjunto Luis Moreno Ocampo, seleccionó 282 casos para ser presentados ante el tribunal. Los fiscales imputaron con 5.395 cargos penales a los acusados de la represión ilegal, los centros clandestinos de detención, el secuestro, la desaparición, la tortura y/o los asesinatos de miles de personas, cuyos restos habían sido ocultados mediante los “vuelos de la muerte”, incineraciones o enterramientos en fosas comunes.

Al finalizar su alegato, el fiscal Julio Strassera pronunció la frase que todavía resuena en los argentinos “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más”

En diciembre de 1985 se dictó sentencia a cinco de los nueve integrantes de las juntas por llevar a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico-militar desde el 24 de marzo de 1976.

Ley de reforma del Estado

La ley de reforma del Estado (Ley 23.696) fue aprobada en agosto de 1989 y es considera una de las primeras acciones que llevó a cabo al asumir el Dr. Carlos Saúl Menem. Esta ley autorizaba al presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y la fusión o disolución de diversos organismos estatales.

Esta ley fue la primera de una serie de leyes que afectaron económica y socialmente a la Argentina en la década del ‘90, como por ejemplo la Ley de Emergencia Económica (Ley 23.697) de septiembre de 1989.

Otra ley fundamental de este período, fue la Ley de Convertibilidad (Ley 23.928) de 1991, la cual aprobaba una equivalencia fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense, estableciendo frase popularizada “del uno a uno” o “un peso = un dólar”.

Este sistema monetario fue ideado por el Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo y su creación tuvo como foco detener la hiperinflación; aunque tenía una condición, obligaba al Estado argentino a tener un respaldo en reservas en la moneda estadounidense de la moneda circulante. Eso derivó en que se atase la emisión monetaria al aumento de los fondos en divisas en el Banco Central.

Esta serie de leyes aplicadas durante la década del ’90, junto con la adhesión de nuestro país al Consenso de Washington, conllevaron a la profundización de la descentralización, la privatización, la extranjerización de la economía, la destrucción de la industria nacional, el aumento de desempleo y la pauperización de las condiciones de vida de los sectores populares, conmoviendo a la vida democrática en Argentina.

Reforma de la constitución

La Constitución Nacional Argentina fue reformada en 1994. El proyecto de modificación de la carta magna surgió a partir del consenso entre las dos fuerzas partidarias mayoritarias de ese momento: el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.

Fueron 305 convencionales constituyentes, en 19 bloques, quienes debatieron durante 90 días, en Santa Fe y Paraná, las reformas necesarias para adecuar el texto constitucional a la realidad del país y del mundo; la misma introdujo nuevos derechos, instituciones y ratificó la legitimidad de la carta magna.

Entre las principales normas incluidas en la reforma de 1994 figuran la decisión clave de acortar el período presidencial a 4 años, permitiendo la reelección por un solo período, el establecimiento del sistema de voto directo con balotaje atenuado para la elección presidencial, la elección directa del jefe del Gobierno porteño, así como la ampliación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Principalmente tuvo el objetivo de continuar constituyendo “la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior”.

La reforma constitucional de 1994 consagró la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales en el propio texto constitucional en este marco, cabe mencionar que en 1995 se sanciona y promulga la Ley de Educación Superior (LES – Ley 24.521) que en su art. 29 establece que las universidades tendrán autonomía académica e institucional, estableciendo asimismo, el régimen en el cuál debían organizarse las instituciones de educación superior universitaria y superior no universitaria del sistema educativo.

La UNLu en la crisis del 2001

En diciembre de 2001 estalló la crisis económica, política, social e institucional más trascendental de la historia contemporánea argentina que expresó de manera violenta el fin de la convertibilidad. Crisis que tuvo como antesala la imposición de restricciones para acceder a los depósitos bancarios, conocida popularmente como “corralito”, esto derivó en grandes manifestaciones que culminaron con el decreto del Estado de Sitio por parte del entonces presidente Fernando De La Rua el 19 de diciembre, marcando el final de su mandato en los días subsiguientes mediante su renuncia a tan sólo dos años de mandato constitucional en medio de grandes movilizaciones que fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas del orden con un saldo trágico de 38 muertos en el país y más de 4000 detenidos.

Este colapso institucional culminó con la existencia de 5 presidentes en una semana hasta que la Asamblea Legislativa eligió para culminar el mandato al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Eduardo Duhalde quien en el año 2003 llamó a elecciones, resultando electo Néstor Kirchner.

Ex ESMA / Bajada de cuadros

El 24 de marzo de 2004 el presidente Néstor Kirchner llevó a cabo dos acciones que tuvieron un fuerte contenido simbólico:

Por un lado, ordenó con la palabra “proceda” al titular del Ejército, Roberto Bendini, que bajara de una de las galerías del Colegio Militar los cuadros de Videla y Reynaldo Bignone.

Luego del acto destacó que el retiro de los cuadros marcaba "definitivamente un claro posicionamiento" del país, de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de él mismo, en su carácter de presidente y de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, "de terminar con esa etapa lamentable" y de que esté "consolidado el sistema de vida democrático y desterrado el terrorismo de Estado".

Por otro lado, se llevó a cabo el acto que permitió la recuperación del predio de la Ex-ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), lugar emblemático del terrorismo de Estado, dado que allí funcionó uno de los más grandes Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio por el que pasaron más de 5000 personas detenidas-desaparecidas.

El Estado Nacional firmó un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó el desalojo de la Armada del predio de la ESMA y la creación del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Las medidas llevadas a cabo por el Presidente Kirchner pusieron de manifiesto un cambio en las políticas de derechos humanos convirtiéndolas nuevamente en políticas de Estado, luego de que en el gobierno de Carlos Menem se dictaran los indultos a los jefes militares condenados en el Juicio a las Juntas. La derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida permitió reabrir los juicios por Lesa Humanidad.

Ley de Voto Joven

Ley de Ciudadanía Argentina N° 26.774, sancionada el 31 de octubre de 2012 y establece el derecho de las personas jóvenes de 16 y 17 años, a participar en elecciones ejerciendo su derecho al sufragio permitiéndoles el poder elegir a sus representantes.

El Voto Joven significó la ampliación de los derechos políticos hacia las juventudes en su reconocimiento a los procesos históricos de participación ciudadana lo que implica, sin dudas, profundizar la democracia en tanto permite ampliar la base de participación política.

Etapa de creación de Universidades

Las Universidades Nacionales son creadas y nacen por Ley Nacional del Congreso de la Nación.

El Plan Taquini fue un proyecto propuesto por el médico e investigador universitario Alberto Taquini (hijo) para reestructurar la educación superior en Argentino, de ese marco surgen Universidades Nacionales en el territorio nacional y en la provincia de Buenos Aires, tales como son la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, entre otras.

En la década del ‘90 se inauguraron diferentes universidades en el conurbano, tales como: Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de San Martin, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional de Lanús.

Entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se crearon 17 nuevas universidades , 9 de ellas se ubican en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano bonaerense y el resto en provincias como Río Negro, Chaco, San Luis, Tierra del Fuego, Santa Fé, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Misiones.

Así, por primera vez todas las provincias del país tienen al menos una Universidad Nacional en su territorio ampliando la base de llegada de la oferta de educación superior; lo que permite reflexionar sobre cómo la democratización de la educación superior no puede ser pensada como un derecho individual sino que debe ser entendido como un derecho colectivo que permite a las sociedades, en los cuales las casas de educación superior están insertas, contribuir a la articulación del desarrollo productivo, social y cultural de esas comunidades de las cuales son parte.