Juicio a las juntas
A tan sólo tres años de asumir, Alfonsín promulgó un decreto en el que ordenaba realizar un juicio sumario a
los nueve comandantes de las Fuerzas Armadas, entre ellos a Videla, Massera y Galtieri modificando la ley
militar que permitía el juzgamiento por la justicia civil como última instancia. Fue la conformación el 15
de diciembre, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) la que allanó el camino
para el Juicio a las Juntas Militares cuyo informe realizado por un equipo interdisciplinario integrado
entre otros por: Ernesto Sábato, Ricardo Colombres, Hilario Fernández Long, René Favaloro, Magdalena Ruiz
Guiñazú, Marshall Meyer, Graciela Fernández Meijide y como secretario a Daniel Salvador. Se constituyó en
uno de los principales hitos que permitió no sólo la recuperación de la democracia sino también su
sostenimiento hasta el día de hoy.
El Juicio iniciado el 22 de abril de 1984, se llevó a cabo en la Sala II de la Cámara Federal, lo que
significó más de 530 horas de audiencia con la presencia de más de 830 testigos. Esta decisión de llevar a
juicio a los militares, aún con poder e influencia sobre la sociedad, contaba como único antecedente
comparable: los juicios de Nüremberg; sin embargo, para León Aslanián (uno de los jueces del tribunal) esta
comparación no tenía asidero, ya que “los de Nuremberg fueron juicios hechos por vencedores a los vencidos,
sin respetar ningún principio ni garantías, sin un debido proceso. Lo de Nüremberg fue ipso facto”, en
cambio el juicio a las juntas se llevó a cabo con base al Código Penal respetando las formas procesales del
código de la Justicia Militar.
Alfonsín y sus colaboradores proyectaban un proceso de justicia capaz de ofrecer un castigo ejemplar, una
sentencia que recompusiera la relación de la sociedad con la ley, previniera la repetición de los crímenes
de lesa humanidad y contribuyera a la consolidación democrática.
La fiscalía, representada por el fiscal Julio César Strassera y el adjunto Luis Moreno Ocampo, seleccionó
282 casos para ser presentados ante el tribunal. Los fiscales imputaron con 5.395 cargos penales a los
acusados de la represión ilegal, los centros clandestinos de detención, el secuestro, la desaparición, la
tortura y/o los asesinatos de miles de personas, cuyos restos habían sido ocultados mediante los “vuelos de
la muerte”, incineraciones o enterramientos en fosas comunes.
Al finalizar su alegato, el fiscal Julio Strassera pronunció la frase que todavía resuena en los argentinos
“Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta
requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.
Señores jueces: Nunca más”
En diciembre de 1985 se dictó sentencia a cinco de los nueve integrantes de las juntas por llevar a cabo un
plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico-militar desde el 24 de marzo de 1976.